Con la oficialización del padrón definitivo, se delimita el campo de batalla para las distintas tribus del peronismo provincial. La definición de la «letra chica» del reglamento acelera los tiempos de negociación entre La Cámpora y los sectores que promueven una renovación partidaria.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ha entrado formalmente en etapa de definiciones. Las autoridades partidarias han establecido el marco legal y administrativo que regirá la vida interna de la fuerza, oficializando tanto el padrón de afiliados como el reglamento para las elecciones convocadas para el próximo 15 de marzo.
Esta resolución marca el inicio del cronograma electoral definitivo. Al congelar el registro de votantes y estipular las condiciones técnicas para la competencia, la conducción del partido ha trazado la cancha donde se dirimirá el futuro liderazgo del movimiento en el distrito electoral más importante del país.
La publicación de las reglas de juego no es un mero trámite burocrático, sino un acelerador de los tiempos políticos. Con los plazos corriendo, las distintas facciones que conviven dentro del peronismo bonaerense se ven obligadas a precipitar sus discusiones para definir si presentarán listas de unidad o si, por el contrario, medirán fuerzas en las urnas.
El reglamento aprobado establece los requisitos de avales y la distribución de cargos, detalles técnicos que suelen ser la llave para habilitar o bloquear candidaturas disidentes. Este «borde legal» se convierte ahora en el centro de atención de los apoderados de cada sector, que analizan la normativa para diseñar su ingeniería electoral.
De cara al 15 de marzo, la atmósfera en el PJ es de ebullición. La certeza de la fecha y la lista de electores habilitados funcionan como un ultimátum para las negociaciones de superestructura, poniendo presión sobre los armadores políticos que deberán resolver la ecuación de poder del peronismo antes de que venzan los plazos de inscripción.





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