Existe abundancia de recursos económicos para enfrentar el problema de las inundaciones, pero los fondos destinados legalmente a este fin terminan financiando las necesidades generales del Tesoro. La paradoja es elocuente: el dinero está allí, pero falta la disposición de gastarlo donde corresponde.
El fondo especializado en control de inundaciones debería estar motorizado hacia obras preventivas y estructurales. En cambio, permanece como una fuente de financiamiento alternativo para cubrir gastos del erario nacional. Esta situación evidencia una desconexión entre la normativa que crea estos fondos y su ejecución práctica en el territorio.
Las obras necesarias esperan mientras los recursos se destinan a otros usos. No se trata de un problema de disponibilidad presupuestaria, sino de decisiones administrativas que priorizan el sostenimiento del Tesoro por sobre la mitigación de riesgos hídricos que afectan a comunidades enteras.
Esta dinámica sugiere que la solución al problema de inundaciones no depende únicamente de leyes o asignaciones presupuestarias, sino de la voluntad política de implementarlas. Con fondos disponibles sin ejecutar, la pregunta que emerge es sobre las razones que mantienen paralizado un mecanismo que fue diseñado precisamente para proteger a la población de desastres naturales prevenibles.
Imagen: RDNE Stock project / Pexels – Con informacion de Clarín Rural
EL RESUMEN GLOBAL 
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